Amy Goodman y Denis Moynihan
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegura que él no tuvo nada que ver con la muerte de dos personas que se estaban aferrando a los restos de su embarcación tras sobrevivir a un ataque con misiles que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el 2 de septiembre en el mar Caribe. Un primer bombardeo había matado a la mayoría de las once personas que iban a bordo de la embarcación. El periódico The Washington Post, citando varias fuentes no identificadas, informó que dos personas sobrevivieron y que el oficial a cargo de la operación ordenó un segundo ataque para cumplir con la directiva de Hegseth de “matar a todos”. Expertos legales y militares han considerado que estas acciones, así como al menos otros 20 ataques letales posteriores contra diversas embarcaciones, constituyen crímenes de guerra.
El presidente Donald Trump ha afirmado, sin aportar pruebas, que las personas atacadas eran narcotraficantes y, por ende, “terroristas” con quienes Estados Unidos está en guerra.
David Cole, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, dijo a Democracy Now!: “Toda esta operación, desde su inicio, es ilegal. No es legal dirigir ataques de forma premeditada contra personas solo porque se presume que están involucradas en actividades delictivas. […] Además se está atacando a quienes logran sobrevivir a estos bombardeos, personas que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos, que simplemente intentan luchar por sus vidas y a quienes las fuerzas armadas [estadounidenses] atacan y matan a sangre fría”.
El periodista del portal The Intercept Nick Turse fue el primero en informar, una semana después del ataque, sobre la muerte de los dos sobrevivientes en el segundo bombardeo. En su artículo, Turse escribió:
“Un alto funcionario del Pentágono […] afirmó que el bombardeo [de la embarcación] en el Caribe fue un ataque criminal contra civiles y que el Gobierno de Trump allanó el camino para realizarlo al destituir a los principales asesores jurídicos del Ejército y la Fuerza Aérea a comienzos de este año”.
Durante una entrevista que mantuvo el 3 de septiembre con el programa de televisión Fox & Friends, Hegseth presumió del ataque: “Sabíamos exactamente quiénes estaban en esa embarcación. Sabíamos exactamente lo que estaban haciendo”.
El artículo publicado por The Washington Post provocó inquietud en el Congreso, tanto en filas demócratas como republicanas, y dio pie a investigaciones para determinar si los ataques constituyen crímenes de guerra. El domingo, ante la pregunta de un periodista sobre el bombardeo del 2 de septiembre, Trump respondió: “No hubiera querido eso, no hubiera querido [que se efectuara] un segundo ataque”.
Hegseth pareció haber recibido el mensaje. En una reunión de gabinete celebrada el 2 de diciembre, sentado junto a Trump, el secretario de Defensa afirmó: “Vi ese primer ataque en vivo. Como pueden imaginar, en el Departamento de Guerra tenemos muchas cosas que hacer. Así que no me quedé [hasta el final]”.
Hegseth sostuvo que la decisión de matar a los sobrevivientes provino del oficial al mando de la operación, el almirante Frank “Mitch” Bradley.
En declaraciones que brindó a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump agregó más detalles sobre su política de atacar embarcaciones: “Solo miren las cifras.  […] Cada una de estas embarcaciones es responsable, en promedio, de la muerte de 25.000 estadounidenses”.
Al igual que con todos los aspectos de esta política asesina, Trump no presentó pruebas que respaldaran ese cálculo. Se sabe muy poco sobre estas embarcaciones; no está claro si participan en actividades delictivas o si se trata de barcos de pesca o de otro tipo. Las autoridades de República Dominicana informaron que se recuperó una tonelada, o 1.000 kilogramos, de cocaína de los restos de uno de los barcos bombardeados por Estados Unidos.
Esa cantidad, si es correcta, pone de manifiesto la hipocresía de las políticas impulsadas por Trump. El mandatario estadounidense acaba de conceder el indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico de cocaína a 46 años de prisión en Estados Unidos. Hernández, que apenas había cumplido algo más de un año de su condena, fue declarado culpable en 2024 de ingresar ilegalmente a Estados Unidos nada menos que 400 toneladas de cocaína. Esa cantidad alcanzaría para llenar más de 400 de los supuestos barcos “narcotraficantes” que Trump y Hegseth han estado bombardeando. Según la lógica matemática de Trump, el voluminoso contrabando de cocaína de Hernández habría causado la muerte de más de diez millones de estadounidenses.
Entonces, ¿por qué indultar a una persona condenada por un delito tan grave?
Trump anunció el indulto pocos días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, que se llevaron a cabo el domingo 30 de noviembre, y antes de que Hernández fuera liberado de prisión, algo que finalmente sucedió el lunes, Trump expresó su apoyo a Nasry Asfura,  el candidato presidencial del partido de derecha al que pertenece Hernández, con la intención de sumar otro líder latinoamericano afín. Hasta este jueves, con el 80% de los votos escrutados, el candidato centrista Salvador Nasralla superaba a Asfura. Trump, al ver a su candidato favorito en desventaja, afirmó que las autoridades electorales de Honduras estaban intentando manipular los resultados.
Mientras tanto, en el Caribe se registra el mayor despliegue militar estadounidense en el hemisferio occidental desde la llamada “Crisis de los misiles de Cuba”, al tiempo que Trump intensifica sus amenazas contra Venezuela. El mandatario estadounidense ha vuelto a recurrir al pretexto del narcotráfico; acusó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de cocaína y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su arresto o condena.
Trump declaró recientemente que los ataques en territorio venezolano comenzarán “muy pronto”. En respuesta, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses —entre ellos el demócrata Tim Kaine, del estado de Virginia, y el republicano Rand Paul, del estado de Kentucky— presentaron la Resolución Conjunta 98 del Senado, que busca impedir que Estados Unidos emprenda acciones militares contra Venezuela sin la autorización del Congreso.
Mientras tanto, la familia de Alejandro Carranza Medina ha presentado una denuncia formal contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se alega que las fuerzas armadas estadounidenses lo mataron ilegalmente en su embarcación durante un ataque ocurrido el 15 de septiembre.
El 2 de diciembre, Hegseth alardeó: “Apenas hemos comenzado a atacar narcoembarcaciones y a enviar narcoterroristas al fondo del océano”. Esperemos que también comience pronto una investigación por crímenes de guerra contra Hegseth.

© 2025 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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